Mientras Human Rights Watch acusó de “hostil” a Alberto Fernández, el Gobierno tildó al informe de “inconsistente”
La organización publicó un informe en el que cuestionó la iniciativa de Fernández contra la Corte Suprema, pero el Ejecutivo salió al cruce.
El presidente Alberto Fernández. |
NA
Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos tildó de “hostiles” directamente a algunas reformas judiciales impulsadas por el gobierno de Alberto Fernándezen medio del juicio político contra la Corte Suprema. Frente a esto, la respuesta del oficialismo no se hizo esperar.
En ese sentido, el informe mencionó a las causas de corrupción contra la vicepresidenta como uno de los motivos del oficialismo para llevar adelante esta “retórica hostil” contra jueces y fiscales. “La vicepresidenta rechazó las alegaciones, acusó al fiscal de llevar adelante una investigación abusiva y políticamente motivada y a los jueces de ser parte de una “mafia” que buscaría mantenerla alejada de la función pública”, recordó el informe.
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De esta manera, HRW sostuvo que, desde su punto de vista, “el gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y los fiscales”. A su vez, analizó que estas circunstancias “socavan el Estado de Derecho”.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, consideró al informe como “inconsistente” y “parcial”, por lo que denunció que HRW “no solicitó” alguna reunión para recibir información por parte del Gobierno. “Nuestro gobierno, a diferencia del anterior, respeta el trabajo de las ONG, aun cuando nos critican y cuestionan”, disparó en su cuenta de Twitter.
La respuesta del Gobierno.
Las reformas que cuestionó Human Rights Watch
Dentro de las acciones que mencionó la organización se encuentran: la ampliación de la Corte Suprema, el carácter interino del procurador general de la Nación y el conflicto por el Consejo de la Magistratura.
“En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte”, explicó.
Luego de eso, se refirió a la falta de consenso en el Senado para reunir los votos necesarios para nombrar a un procurador general. “En abril, el Consejo de la Magistratura, que selecciona a los jueces para los tribunales federales y nacionales, cambió de estructura tras un fallo de la Corte Suprema del año 2021. La sentencia establece la incorporación del presidente de la Corte Suprema como presidente del órgano y adiciona representantes del Congreso, el Colegio de Abogados, el sector académico y los jueces”, dijo en relación con el conflicto con el Consejo de la Magistratura.
Así, apuntó contra Fernández por criticar la nueva estructura e instar al Congreso a aprobar el proyecto de ley promovido por el Frente de Todos. De esta manera, Pietragalla continuó con su descargo y aclaró: “El Estado de Derecho no se socava cuando se recurre a mecanismos previstos en la propia Constitución Nacional para recuperar la legitimidad perdida de la Corte Suprema”. Por el contrario, sostuvo que se socava “cuando se designan jueces por decreto, se inventan causas para desplazar a la Procuradora General, cuando se establece una práctica de lawfare contra un sector político”.
Además, recordó que un Estado de Derecho se socava cuando “se hostigan a jueces que dictan leyes a favor de los más vulnerables o cuando se recurre a agentes de inteligencia para espiar a opositores políticos, presos y abogados”.
El mensaje de Gobierno contra el informe de HRW.
“Lamentamos que HRW haya permanecido en silencio frente a tales atropellos reconocidos por el Relator de Independencia Judicial de la ONU”, afirmó Pietragalla. Con respecto al juicio político contra la Corte Suprema, manifestó que es un "mecanismo constitucional y democrático", por lo que agregó que este proceso "permitió reemplazar a la Corte menemista en 2003, una medida que incluso fue aplaudida por HRW".
