La corrupción es un fenómeno endémico e inherente a las economías capitalistas modernas que, en distintos niveles, trae efectos nocivos sobre el desempeño económico de los países, su desarrollo y el bienestar de su población. Los recientes acontecimientos en Argentina no son sino una nueva manifestación de un problema socioeconómico e institucional de larga data: cuadernos, bolsos, aportes a campañas, tráfico de armas, pollos, medicamentos, leche podrida y tantos ejemplos son apenas el telón de fondo de una historia que trasciende los meros efectos inmediatos que su conocimiento público puede tener en el sistema político, la opinión pública, los mercados de activos, la inversión y la actividad económica en el corto plazo.
En contraste a los efectos inmediatos de la corrupción sobre la economía, cabe preguntarse: ¿cómo afecta la corrupción al crecimiento económico de largo plazo de la Argentina? ¿Cuánto cuesta la corrupción en términos de inversión y PBI? Recordemos que Argentina creció un 1% per cápita en los últimos cien años, exactamente la mitad de lo que creció Australia, cuando ambos países compartían similares niveles de vida a comienzos del siglo pasado. El caso argentino ha sido citado en la literatura económica como un ejemplo singular de fracaso de desarrollo económico que no se puede circunscribir a una simple incidencia de orígenes históricos, religiosos, geopolíticos y culturales diversos con respecto a los casos exitosos, sino también, y sin duda, a la persistencia de su sistema de corrupción endémico que en la década pasada ha llegado a niveles macroeconómicos magnos.
La teoría económica no es concluyente respecto del signo del efecto de la corrupción sobre el crecimiento a largo plazo. Algunos economistas y académicos como Daron Acemoglu, Thierry Verdier o Samuel Huntington afirman que podría ser positivo: la corrupción ayudaría al sector privado a superar barreras burocráticas para concertar sus negocios, a mitigar la provisión ineficiente de servicios públicos y a suavizar la rigidez legal que obstaculizan la inversión, especialmente en países con instituciones frágiles.
Otros economistas como Murphy, Shleifer y Vishny o Andrew Rose sostienen que la corrupción reduce inequívocamente el crecimiento económico. En primer lugar, porque fomenta lo que en inglés se conoce como rent seeking society, es decir, la búsqueda de apropiación de rentas de las empresas en mercados no competitivos, obra pública en infraestructura y otros negocios en entornos de monopolios naturales como redes de transporte o autopistas. Segundo, en ese sentido la corrupción incrementa los costos de transacción y la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones, la ineficiencia en la asignación de capital y otros factores de la producción a proyectos de inversión, que tienen por resultado una disminución de la productividad del trabajo y del resto de los factores productivos.
Así también, otros colegas argumentan que el efecto podría ser ambiguo dependiendo de la fragilidad o fortaleza de las instituciones de los países, su nivel educativo, y cómo la corrupción influencie el nivel y crecimiento de la inversión pública y el déficit fiscal. Estudios recientes para países del centro y este de Europa se orientan en este sentido.
¿Qué dicen los datos? Primero, es dable aclarar que resulta difícil medir la corrupción. Existen diversos índices como el de Transparencia Internacional o el de la guía de riesgo país internacional (ICRG), que son mediciones basadas en percepciones subjetivas y rankings basados en ellas. Hecha la salvedad, la evidencia empírica sugiere, una vez tratados los efectos endógenos que emergen de la relación entre corrupción, crecimiento y otras variables asociadas, la corrupción posee un efecto no lineal temporal en el crecimiento económico. Cuando los países son pobres o incluso emergentes, el efecto neto de la corrupción sobre el crecimiento es negativo, y a medida que crecen y se desarrollan el efecto se desvanece o es compensado por otros factores que empujan el crecimiento, como el capital humano o la innovación. La Argentina, dada su pobre performance de largo plazo comparada con países asemejables, estaría del lado “malo” de la no linealidad. Algo que de todas maneras habría que seguir testeando. Finalmente, ¿cuánto cuesta la corrupción al crecimiento?
Resulta complejo dimensionar la magnitud de la corrupción en Argentina. Algunas dimensiones directas e indirectas podrían ser:
El sobreprecio en obras públicas. Suponiendo que las coimas hayan sido de solo el 20% de la obra pública y suponiendo un promedio de 3% del PBI en inversión pública por año, la corrupción habría costado en una década un 6% del PBI actual, alrededor de US$ 36 mil millones de dólares, equivalente al déficit fiscal total de hoy.
Ineficiencias y no terminación de obras. Es difícil de dimensionar, implica que el volumen físico de las obras y por lo tanto la inversión pública ha sido menor al medido en las estadísticas oficiales, más allá de la manipulación del Indec.
Efectos indirectos. La ineficiencia e incompletitud en la realización de algunas obras a su vez tiene efectos indirectos negativos ya que los típicos efectos multiplicadores en términos de eslabonamientos hacia proveedores y consumo inducido han sido menores a los que hubiesen existido de realizarse correctamente las obras.
La operación y el gerenciamiento de los servicios públicos que la infraestructura genera también se ven afectados por la sobredeclaración del gasto en inversión, así como la pérdida de calidad e ineficiencia de estas.
Sobreprecio en los contratos del sector público con proveedores del Estado. Se destaca el conocido caso de las importaciones de gas, que han implicado no solo un sobregasto y por lo tanto una sobredimensión de la contabilización del gasto, sino también ha afectado el balance de divisas en años en que Argentina tenía un importante cuello de botella en su sector externo.
Sobrefacturación de importaciones del sector público. El déficit energético provocado en parte por las políticas de faltas de incentivos a la oferta interna pero también en el sobreprecio y sobrefacturación de importaciones de gas, como el ejemplo más conocido. El mecanismo de sobrefacturación de importaciones de combustible por parte del Estado de la gestión anterior, típico de los momentos de tipo de cambio dual o paralelo como el existente vía tipo de cambio blue desde 2009 y más acentuadamente desde la vigencia del cepo entre los años 2011 y 2015. Este mecanismo ha significado un descalabro de las cuentas públicas, externas y con efectos persistentes de largo plazo en la eficiencia del sector público y el crecimiento económico.
Esos efectos implican una menor inversión y por lo tanto un menor crecimiento de largo plazo tanto del PBI como de su productividad. Por lo tanto, los sobreprecios e ineficiencias detectados en la inversión, gasto y servicios públicos originados en el sistema de corrupción drenan las posibilidades de desarrollo del país, explicando en una parte importante nuestra fragilidad y decadencia.
*Los autores son investigadores del Conicet y profesores de Crecimiento Económico en la Universidad de Buenos Aires.
