El pasado 11 de junio, Estela Noemí Percival acudió al despacho de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría para ser indagada. La esposa -o ex- de Raúl Martins, dijo que reside en un lujoso departamento de un condominio de Cancún, que alquila por 40 mil pesos al mes. Según afirmó, está divorciada y su trabajo como administradora de un restaurante y la venta de lana y ropas en México, es suficiente para mantener su estilo de vida.
Servini le imputa a Percival “el hecho de haber formado parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como Bar/Café/Whiskería desde el día 10 de noviembre de 2010 hasta el día de la fecha”. Se trata de, al menos, los locales de la Avda. Juan B. Justo al 5300, Vicente López al 2200 y en Tomas de Anchorena al 1100. Estos lugares, “pese a denominarse de distintas maneras y tener diversos “gerenciadores” a los largo de los años, no han cambiado nunca su “objeto comercial” ni grupo explotador final”, indicó la jueza en la indagatoria a la que tuvo acceso Perfil.
El exagente de la SIDE está acusado de liderar esa organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en prostíbulos, destribuidos en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires. En ese esquema, la magistrada le imputa a su pareja la autoría de maniobras “tendientes a poner en circulación en el mercado bienes provenientes de la explotación sexual de mujeres en distintos locales que funcionan o funcionaban bajo los rubros de: “bar”, “boite”, “whiskería”, “night club”, “club swinger”, “disco bar”, etc., procurando bajo esas maniobras que los bienes originarios o subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”, es decir, el lavado de activos.
En ese marco, Percival, que nació en la localidad de José C. Paz, declaró residir en un departamento de las Torres Bella Vista, en Cancún, donde “vive sola”.
“La casa es alquilada. Trabajo en un restaurante como administradora, además tengo una sociedad de hecho con mi hermana para venta de lanas y ropas constituida en México. Por mis trabajos, percibo unos $270 mil pesos con lo que me alcanza como para vivir bien. Por el alquiler pago aproximadamente unos $40 mil pesos por mes”, aseguró la pareja de Martins ante la jueza que detalló las pruebas en su contra.
Percival se negó a responder preguntas y optó por realizar su descargo mediante un escrito de cuatro páginas. Asimismo, acompañó el documento por el Acta de Matrimonio y el de divorcio con Martins.
En cuanto a la dimensión económica del grupo criminal, la jueza toma en cuenta el testimonio de Claudio Lifschitz, expareja de Lorena Martins, la hija del espía, quien inició la denuncia que fue impulsada por La Alameda, la Fundación contra la trata y la explotación de Gustavo Vera.
Lifschitz, en una demanda laboral, describió la arquitectura de la maniobras del blanqueo. El ex secretario de Juan José Galeano informa que su suegro percibía para el año 2006, $10.500 semanales por cada uno de los locales, lo que arroja un total anual para el conjunto de los locales de $4.536.000.
El juzgado a cargo de Servini ejecutó una conversión a dólares a cotización de diciembre de 2006, para “darse una idea” de lo que significaban esas ganancias: para ese entonces, la organización recaudaría por año U$S1.512.000. A estos números -siempre conforme lo manifestado por Lifschitz- se suman las ganancias por los locales situados en Cancún que alcanzarían la cifra de U$S150.000 por mes, lo que supone un total anual de U$S 1.800.000.
En los últimos días, la Alameda presentó un escrito que aporta nuevos datos y análisis sobre las propiedades y sociedades del matrimonio y otros miembros del grupo acusado.
